El programa de aproximadamente $us 1.900 millones tendrá una duración de tres años. Sus 119 páginas detallan el diagnóstico de la crisis, los compromisos del Gobierno y las reformas que condicionarán los siguientes desembolsos. El presupuesto de 2027 será una de sus primeras grandes pruebas.
El acuerdo entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pone sobre la mesa aproximadamente 1.900 millones de dólares y una serie de decisiones que marcarán los próximos tres años. El financiamiento ayudará a recomponer las reservas y cubrir necesidades del Estado. Su ejecución compromete cambios en el presupuesto, los precios de los combustibles, el manejo del dólar, las empresas públicas y las reglas del crédito bancario.
Las 119 páginas del documento, publicado tras la aprobación del programa el 2 de octubre, explican el alcance de esa transformación. El FMI reconoce que el Gobierno boliviano comenzó a corregir desequilibrios acumulados durante años, pero advierte que la crisis sigue abierta. Las autoridades bolivianas dejan por escrito las medidas que deberán ejecutar para sostener el acuerdo y recibir los siguientes desembolsos.
La primera gran prueba será el presupuesto de 2027. El Gobierno deberá reducir el déficit, mantener el freno al nuevo crédito del Banco Central al sector público y financiar la protección de los hogares vulnerables. También asumió un compromiso con efectos directos sobre los consumidores: eliminar las partidas para subsidios a los combustibles, tanto del Tesoro como de las empresas estatales.
El respaldo financiero llegará antes que la recuperación prevista. El FMI proyecta que Bolivia seguirá en recesión en 2027 y volverá a crecer apenas un 0,5% en 2028. Esa trayectoria dependerá del cumplimiento de las reformas y de la llegada oportuna del financiamiento, en un país todavía expuesto a conflictos sociales y a los cambios en los precios internacionales.
Qué contienen las 119 páginas
Los $us 1.900 millones del FMI llegarán por etapas. Para acceder a los siguientes desembolsos, Bolivia deberá cumplir compromisos que abarcan desde el gasto público hasta las reglas del sistema financiero. Las condiciones y sus plazos están desplegados en las 119 páginas del acuerdo, junto con el diagnóstico de la crisis y las proyecciones de recuperación.
El documento explica por qué faltan dólares, cuánto pesa la deuda y qué decisiones se necesitan para ordenar las cuentas públicas. Sus seis capítulos principales recorren el origen de los desequilibrios, los cambios recientes y las políticas acordadas. También examinan cómo funcionará el programa y qué podría dificultarlo. El Fondo reconoce avances, aunque sus previsiones muestran que salir de la recesión llevará tiempo.
Los subsidios a los combustibles y los acreedores del Estado tienen apartados propios. También el fondo CPVIS, cuyo funcionamiento ayuda a entender por qué parte de los dólares del sistema bancario quedó comprometida en operaciones con el Banco Central. Mediante este mecanismo, los bancos entregaron divisas al BCB a cambio de bolivianos para financiar créditos productivos y de vivienda social. El programa contempla devolver esas divisas para contribuir a normalizar progresivamente el acceso a los depósitos en dólares.
Cuatro anexos amplían la información sobre las medidas adoptadas desde noviembre de 2025, la situación externa y la capacidad del país para pagar su deuda. El último examina una condición decisiva para llevar el acuerdo a la práctica: si las instituciones disponen de las herramientas y el personal necesarios para ejecutar las reformas.
Los compromisos del Gobierno aparecen en la carta de intención y los dos memorandos que la acompañan. El de Políticas Económicas y Financieras detalla las decisiones que las autoridades se comprometen a aplicar. El Técnico de Entendimiento fija cómo se comprobarán: qué cuentas se revisarán, cómo se calcularán las metas y cuándo deberá entregarse la información. Esas reglas servirán para evaluar el cumplimiento antes de habilitar los siguientes tramos del crédito.
Por qué Bolivia llegó a este acuerdo
El FMI describe una crisis fiscal y externa acumulada durante varios años. Su diagnóstico conecta cuatro problemas: déficits persistentes financiados por el Banco Central de Bolivia (BCB), un tipo de cambio fijo sobrevaluado, la caída estructural de la producción de gas natural y distorsiones que limitaron la inversión y la actividad privada.
La pérdida de ingresos del gas golpeó las cuentas del Estado y la disponibilidad de dólares. Mientras esa fuente se debilitaba, el gasto público mantuvo una elevada necesidad de financiamiento. El crédito del BCB y la defensa del esquema cambiario contribuyeron, según el Fondo, a las presiones inflacionarias y al agotamiento de las reservas.
Las consecuencias llegaron a la vida cotidiana: dificultades para conseguir divisas, problemas de abastecimiento de combustibles y otras importaciones, aumento de precios y deterioro de la actividad.
El informe registra una contracción del PIB de 1,1% en 2024 y de 1,6% en 2025. Ese último año, el déficit fiscal alcanzó el 11,4% del PIB y la deuda bruta del sector público no financiero llegó al 83,3%.
El Fondo reconoce cambios impulsados por la nueva administración: el cese del nuevo financiamiento monetario del presupuesto, el ajuste fiscal inicial, la transición hacia un tipo de cambio flexible y la ampliación de ayudas sociales. También destaca el aporte de mejores condiciones de exportación y del respaldo financiero internacional.
Pero su evaluación mantiene una advertencia: las reservas utilizables siguen bajas y la estabilización necesita continuidad, financiamiento oportuno y capacidad para ejecutar las reformas.
¿Cuánto presta el FMI y durante cuánto tiempo?
El FMI aprobó para Bolivia un financiamiento de aproximadamente $us 1.900 millones durante 36 meses, bajo el Servicio Ampliado del Fondo, conocido como EFF. Esta modalidad respalda programas destinados a corregir desequilibrios económicos y ejecutar reformas que requieren varios años.
El monto está expresado en derechos especiales de giro (DEG), la unidad que utiliza el organismo: 1.368,570 millones, equivalentes al 570% de la cuota de Bolivia. Al aprobarse el acuerdo, representaban $us 1.872 millones, cifra que el comunicado redondeó a $us 1.900 millones. Su equivalencia en dólares puede variar con la cotización del DEG.
La aprobación habilitó un primer desembolso de 156,065 millones de DEG, calculado entonces en unos $us 214 millones. Esa cifra corresponde a la autorización inicial; el monto finalmente acreditado en dólares y la fecha de ingreso deben distinguirse con la información de la transferencia efectiva.
Cada desembolso tendrá una evaluación previa
Bolivia recibirá el financiamiento en doce desembolsos. El primero quedó habilitado con la aprobación del acuerdo; para acceder a los otros once, el Gobierno deberá demostrar avances en las cuentas públicas y las reformas comprometidas.
La primera revisión está prevista para diciembre de 2026. El FMI evaluará las metas económicas fijadas para el cierre de septiembre y las medidas que debían cumplirse hasta finales de octubre.
El cronograma marca cuándo podría estar disponible cada tramo, pero los desembolsos no son automáticos. Para liberar los recursos, el organismo deberá completar la revisión correspondiente.
Todo lo que debes saber sobre el acuerdo entre Bolivia y el FMI
¿Los dólares irán a reservas o al gasto público?
El Gobierno deberá aprobar hasta finales de diciembre de 2026 un presupuesto que refleje los compromisos del acuerdo. La meta es que el déficit del sector público no financiero no supere Bs 36.800 millones en 2027. Para conseguirlo, tendrá que decidir dónde contener gastos, qué inversiones priorizar y cómo financiar las obligaciones que mantenga.
Una parte del esfuerzo recaerá sobre las contrataciones y la planilla pública. Las autoridades prevén limitar el ingreso de personal y que el gasto total en salarios crezca menos que el valor de la economía, mediante ajustes que compensen solo una parte de la inflación. El compromiso se refiere al conjunto de la masa salarial y no establece un recorte uniforme del sueldo de cada funcionario.
También habrá una revisión de las compras de bienes y servicios. Los gastos no prioritarios y los proyectos de inversión de baja rentabilidad deberán reducirse, postergarse o cancelarse. La selección de obras tendrá que considerar cuánto aportan a la economía y qué beneficios generan para la población.
Las empresas estatales forman parte de esa revisión. El programa plantea limitar las transferencias y reestructurar las entidades que no sean viables. Las evaluaciones contemplan distintas salidas, desde mantener o reorganizar una empresa hasta disolverla o liquidarla. El documento no establece una privatización general de las empresas públicas.
El ahorro deberá verse en las cuentas, sin trasladar el problema a proveedores y acreedores. Por eso, el acuerdo también vigilará las obligaciones pendientes de pago, los saldos que el sector público mantiene en el BCB y los atrasos con el exterior.
La recaudación será otro frente. El FMI estima que los beneficios tributarios recientes reducirán los ingresos anuales en un equivalente al 0,9% del PIB desde 2027. Ante ese costo, las autoridades se comprometen a evaluar cualquier nueva exención e identificar medidas que compensen su impacto.
Hasta marzo de 2027, el Gobierno deberá tener preparada una estrategia para aumentar los ingresos públicos. Esa tarea será decisiva para sostener el ajuste y financiar los gastos que el presupuesto debe proteger.
¿Qué pasará con la gasolina y los otros combustibles?
La subvención a la gasolina se mantendrá hasta el cierre de 2026, según la declaración del representante boliviano que acompaña el acuerdo. Desde enero, el Gobierno se comprometió a aplicar precios que cubran los costos de suministro, mediante un mecanismo automático de actualización.
La decisión aparece en el párrafo 13 del Memorando de Políticas Económicas y Financieras, que establece:
“El presupuesto de 2027 no incluirá partidas para subsidios a los combustibles —ni del Tesoro ni de las empresas estatales—, y los precios internos de los combustibles cubrirán sus costos a partir de enero de 2027”.
El precio quedaría vinculado a los costos de abastecimiento, incluidos los precios internacionales y el tipo de cambio. El documento no fija cuánto costará el litro de gasolina ni anticipa un porcentaje de aumento: la cifra dependerá de esos factores y de la fórmula aplicada.
El diésel ya adelantó ese camino. La actualización del equipo técnico señala que el Gobierno elevó su precio 83% el 19 de septiembre, antes del ajuste previsto inicialmente para enero de 2027. El FMI estima que esa medida aliviará las presiones sobre el gasto público de 2026 en un equivalente a aproximadamente 0,7% del PIB.
¿Cómo se protegerá a los hogares?
El aumento de los combustibles y las presiones sobre los precios pondrán a prueba el bolsillo de las familias. Para amortiguar ese impacto, el programa establece un mínimo de gasto en asistencia social. Su escenario fiscal contempla recursos extraordinarios adicionales equivalentes al 1% del PIB en 2027 respecto de 2025, destinados a proteger a los hogares vulnerables.
El desafío también será hacer que las ayudas lleguen a quienes las necesitan. El FMI advierte que el sistema actual deja a parte de la población vulnerable sin cobertura, mientras algunos beneficios alcanzan a hogares que no son pobres.
Para corregir esas brechas, el Gobierno deberá presentar hasta marzo de 2027 el marco legal de un registro social unificado. La herramienta, cuya operación se prevé para 2028, permitirá reunir información sobre los beneficiarios y mejorar la asignación de las ayudas.
Mientras se desarrolla, las autoridades deberán fortalecer los mecanismos existentes y, cuando sea necesario, ofrecer apoyo temporal dirigido a los grupos prioritarios.
La protección social será decisiva para que los hogares con menos recursos puedan afrontar la transición. El Fondo también la considera necesaria para reducir las tensiones sociales y sostener el respaldo a las reformas.
¿Qué cambia para el dólar, los bancos y los créditos?
El precio del dólar deberá responder a la oferta y la demanda. El acuerdo compromete a Bolivia a mantener un régimen cambiario flexible: el Banco Central podrá intervenir ante movimientos desordenados o riesgos para la estabilidad financiera, pero no para sostener una cotización predeterminada.
Para contener la inflación, el BCB deberá controlar la cantidad de dinero en bolivianos que circula y que los bancos mantienen depositada en él. El programa fija límites para esa cantidad —denominada base monetaria— y exige publicar cada mes información sobre el cumplimiento de las metas.
El acuerdo también limita el nuevo crédito del Banco Central al sector público no financiero, como parte del esfuerzo para frenar el financiamiento monetario del déficit.
Para quienes buscan un préstamo, uno de los cambios más relevantes llegará con la reforma de las reglas bancarias. El Gobierno se comprometió a eliminar hasta junio de 2027 los topes legales a las tasas de interés y las cuotas obligatorias de crédito. Esto supone modificar las restricciones sobre cuánto pueden cobrar los bancos y qué proporción de su cartera deben destinar a determinados sectores. La medida está pendiente de ejecución.
En paralelo, las autoridades deberán comprobar cómo respondería el sistema financiero ante situaciones adversas. Las pruebas examinarán si los bancos cuentan con capital suficiente para absorber pérdidas y con recursos disponibles para atender sus obligaciones. También se revisará la calidad de los créditos de las entidades consideradas clave para el sistema y se prepararán planes para afrontar posibles dificultades.
La agenda incluye, además, reformas legales para fortalecer la autonomía y la transparencia del BCB, junto con mayores exigencias de rendición de cuentas sobre sus decisiones.
Las fechas que deberá cumplir el Gobierno
Antes de aprobar el crédito, el FMI exigió cuatro pasos: un presupuesto revisado para 2026, autorización legislativa para utilizar los recursos, el freno al nuevo crédito bruto del BCB al sector público no financiero y libertad para negociar la cotización en las operaciones bancarias de compra y venta de dólares. Las cuatro medidas estaban cumplidas al 25 de septiembre, según la actualización del equipo técnico.
La aprobación abrió una nueva etapa de seguimiento. El programa incorpora 16 compromisos de reforma y diez metas económicas iniciales. De estas últimas, seis son criterios que condicionan el acceso al financiamiento y cuatro sirven para orientar y evaluar la marcha del acuerdo.
Si Bolivia se aparta de lo pactado, deberá explicar las razones y podría necesitar medidas correctivas o una autorización del Directorio para continuar pese al incumplimiento. El acuerdo no se cancela automáticamente, pero una revisión pendiente puede retrasar el siguiente desembolso.
Cuándo prevé el FMI que vuelva el crecimiento
El escenario del programa extiende la contracción económica hasta 2027. Tras las caídas registradas en 2024 y 2025, Bolivia tendría otros dos años de retroceso antes de una recuperación de 0,5% en 2028.
El propio Fondo explica que la restricción monetaria y el ajuste fiscal pueden contener las presiones inflacionarias y externas, pero también pesar sobre la actividad en el corto plazo.
Todo lo que debes saber sobre el acuerdo entre Bolivia y el FMI
La inflación promedio subiría en 2027, aunque la de diciembre bajaría. La inflación de un dígito aparece en 2028. La estabilidad de precios es, por tanto, un objetivo de la política económica; recibir el préstamo no la garantiza de inmediato.
Todo lo que debes saber sobre el acuerdo entre Bolivia y el FMI
Cuántas reservas puede utilizar Bolivia
Tener reservas y poder utilizarlas de inmediato son cosas distintas. Una parte está en oro que el Banco Central debe conservar por ley; otra, en recursos comprometidos o que no están disponibles para atender pagos externos.
Esa diferencia explica dos cifras del informe: al cierre de 2025, Bolivia tenía $us 3.713 millones en reservas brutas totales, pero el FMI contabiliza $us 627 millones como reservas brutas del programa. Para esta segunda medición excluye, entre otros activos, las 22 toneladas de oro que el BCB está obligado a mantener y los recursos no disponibles.
El Fondo también calcula cuánto queda después de descontar determinadas obligaciones, incluido el crédito pendiente con el propio organismo. Bajo esas reglas, las reservas netas del programa cerraron 2025 con un saldo negativo de $us 2.990 millones. El informe prevé que vuelvan a terreno positivo en 2028.
Por eso, el préstamo aporta dólares para atender necesidades inmediatas, pero también genera una deuda. Su llegada no aumenta esas reservas netas en la misma cantidad que ingresa.
En estos cálculos aparece una cotización de Bs 6,86 por dólar. Es una referencia contable para evaluar el cumplimiento del acuerdo: no anuncia que el dólar volverá a ese precio ni anticipa su cotización futura.
El FMI espera que el acuerdo facilite financiamiento de otras instituciones. El escenario estima una brecha acumulada de $us 7.600 millones para 2026–2029 y prevé cubrirla con aproximadamente $us 1.900 millones del Fondo, $us 4.100 millones netos de otras fuentes oficiales y $us 1.600 millones de nuevo financiamiento de mercado. Los montos de otros organismos corresponden a supuestos de financiamiento neto del escenario. No son una lista de transferencias ya recibidas ni forman parte de un único préstamo aprobado por el FMI.
La brecha incluye necesidades externas y acumulación de reservas. Tampoco puede interpretarse íntegramente como dinero adicional para gastar.
La inversión privada, en el centro de la recuperación
El acuerdo apuesta a que la inversión privada y el empleo formal impulsen la recuperación. Para abrir ese camino, el Gobierno plantea retirar gradualmente los controles de precios y los cupos de exportación, y reformar las reglas de hidrocarburos y minería para atraer nuevas inversiones.
La obra pública también deberá pasar por una selección más exigente. Los recursos se concentrarían en proyectos que resuelvan necesidades de infraestructura y demuestren beneficios económicos y sociales.
La agenda incluye mayor transparencia, acceso a la información y mejores contrataciones estatales, junto con garantías para los derechos de propiedad y el cumplimiento de contratos. El objetivo es mejorar las condiciones para invertir y fortalecer el control sobre el dinero público.
Algunas reformas todavía requieren medidas concretas para llevarlas a la práctica. Otras tienen fecha comprometida: la eliminación de los topes legales a las tasas de interés y las cuotas de crédito está prevista para junio de 2027.
Petróleo, conflictos y financiamiento: los riesgos del programa
Un petróleo más caro puede volver a presionar las cuentas públicas y la disponibilidad de dólares. Una caída de los precios de exportación o problemas climáticos pueden reducir los ingresos del país. El FMI identifica esos riesgos junto con otros que dependen de la política interna: conflictos sociales, demoras del financiamiento y dificultades para obtener aprobaciones legislativas.
La capacidad de las instituciones será otra prueba. El Fondo advierte debilidades en la gestión fiscal, la supervisión financiera, las estadísticas y las auditorías. Ejecutar las reformas exigirá contar con información confiable y detectar a tiempo los desvíos.
El bolsillo de las familias también puede condicionar el avance. El encarecimiento de los alimentos y el transporte, combinado con un menor crecimiento salarial, golpeará especialmente a los hogares pobres, advierte el documento. De ahí la importancia de que la asistencia llegue al mismo tiempo que las medidas de ajuste.
Si los recursos externos se retrasan, el programa contempla recurrir a más financiamiento interno y adoptar medidas fiscales adicionales. Ante dificultades mayores, las autoridades se comprometen a revisar las políticas para sostener las cuentas públicas y la estabilidad financiera.
El informe presenta, además, diferencias entre algunas cifras. El comunicado proyecta una deuda de 100,2% del PIB en 2026, mientras la tabla principal —utilizada en esta nota— registra 100,5%. También hay discrepancias entre cuadros de cuenta corriente y sobre el año en que las reservas alcanzarían el nivel de suficiencia previsto por el Fondo.
El presupuesto de 2027 será la primera gran prueba de ejecución. Allí deberán encontrar respaldo los gastos que se mantengan, la asistencia a los hogares y la reforma de los subsidios. Después, las revisiones examinarán los resultados: cuánto se redujo el déficit, cómo evolucionaron las reservas y qué reformas se cumplieron. De esas evaluaciones dependerá el acceso a los siguientes desembolsos.
Fuente: FMI, informe de país N.º 26/259, octubre de 2026. Traducciones y cuadros elaborados a partir del expediente.
